Director: Guillermo Alejandro Bavera, Méd. Vet.,
Profesor Titular Efectivo de Producción Bovina de Carne, Depto. Producción
Animal,
Facultad
de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto,
provincia de Córdoba, República Argentina
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Dr. Jorge Solmi*.
2004. www.todoagro.com.ar
*Coordinador de Federación Agraria Argentina (FAA) en Bs. As.
La discusión si “soja si”
o “soja no” es otro de los falsos paradigmas que se nos quieren plantear. Y,
hasta ahora, es apenas un vehículo de posicionamiento ideológico o comercial de
detractores y auspiciantes del cultivo. Algunos, con clara incoherencia, se
aferran a los mandatos del mercado pidiendo que el estado no intervenga, pero
no tardan en reclamarle que desarrolle “buenas políticas” sobre la cuestión.
Frente a esto, en primer
término, debemos hacernos de la “visión”, tener un panorama muy claro sobre
actividad agrícola en general y sobre el rol del cultivo en cuestión en
particular. O de la “sojización” de la agricultura.
La década de los 90 enfrentó a los productores a un atraso cambiario
creciente, el que, entre otros factores, hizo estragos en el agro argentino:
103.405 productores menos, es decir, un 24 por ciento de las pequeñas y medianas
empresas agrarias se vieron obligadas a salir de la actividad. Como
contrapartida, quedó expuesta la concentración de la propiedad y/o utilización
de la tierra: la dimensión de los establecimientos creció un 28 por ciento,
mientras que la frontera del agro se extendió sólo el 5,2 por ciento.
En
éste marco, en la compaña 96/97, se autoriza la soja RR. Un agro ahogado por el
atraso cambiario y el creciente endeudamiento, la vio en un principio como la
soga de salvación.
La
reducción de costos y simplificación de labores con la incorporación del
sistema de siembra directa frente al convencional, hicieron que rápidamente los
productores la adoptaran de modo tal que en el periodo 1991/2003 la superficie cultivada de soja
creció el 135%, pero el fuerte incremento se produjo en el quinquenio 1996/97 -
2001/02, de un 100%.
Ese
crecimiento, que continúa, es a expensas de detrimento de superficie destinada
a otras actividades y a la de la incorporación de tierras que antes no se
dedicaban a la agricultura, fundamentalmente de zonas extrapampeanas.
La
incorporación de la soja modificada genéticamente obligó al cambio tecnológico.
Se requirió de maquinaria de siembra directa, tractores de mayor potencia y
aplicadores, entre otros. Se produjo
así un primer desplazamiento de los pequeños productores que no podían acceder
a ellas debido a la prolongada crisis de rentabilidad y endeudamiento. Sí
pudieron acceder los productores que estaban mejor posicionados en ese momento,
es decir más grandes. Los pequeños que, por falta de capital de trabajo e
inversión, debieron debían acudir a contratistas, veían diluidas las ventajas.
Así,
a fines de la década del 90, el incontenible avance de la soja, indujo
fuertemente hacia el “desierto verde”. Las extensiones cultivadas con
soja se pierden en el horizonte, mientras desaparecía paisaje de
establecimientos mixtos, de tambos, de producciones regionales de alto interés
social, entre tantas otras actividades que daban fisonomía a un campo
diversificado y con una sólida estructura socio cultural. También el medio
ambiente sufre intensamente por el desmonte de miles de hectáreas que fueron y
siguen siendo avasalladas por el crecimiento del cultivo, que se expande pero
segrega y excluye por sus efectos sociales en el campo y en el interior del
país.
Donde
hasta los ´80 había familias, con explotaciones mixtas, tambos, cerdos, aves de
granja, ganadería bobina, hoy solo hay soja. Los datos son contundentes: entre
1988 y del 2002 se perdió el 37.2% del stock porcino. Entre 1996 y el 2000 se
perdieron el 27.3% de los tambos: de 6.000 establecimientos, de 22.000 solo
quedaron 16.000.
Este
tipo de explotaciones mixtas e intensivas son las que arraigan a los
productores a la tierra. La descontrolada agriculturización fue desplazando a
los productores e hicieron que abandonaran las chacras y se refugiaran en los
centros poblados mudando de actividad, los que pudieron o padeciendo el
desempleo aquellos que no tuvieron la oportunidad.
El
proceso concentrador se da en dos aspectos en la Argentina, la concertación
económica y la territorial.
La
“misión” de toda actividad económica es generar riqueza y para su
mejor distribución se debe también generar trabajo y uno de los métodos es
agregar valor.
El
complejo industrial aceitero argentino se desarrolló con enorme esfuerzo que
significó y significa el diferencial de impuestos a la exportación con que se
beneficia a la industria (que hoy es el 3.5%).
Lo
que se produce, aceites y harinas, casi no generan trabajo en el país. Vemos
que la cantidad de empleados / valor bruto de producción, es decir cuantos trabajadores se requieren para obtener una
unidad adicional de producción, era de 1,87 para la industria aceitera mientras
que en la industria alimenticia es de 9,59.
Tampoco
se prevé. Estas fábricas están mayormente a la vera de los puertos. El trabajo
que se genera con su harina está tras las fronteras y vuelve al país como carne
de cerdo, pollos, quesos de ilustres apellidos o jamón cocido en primorosas
latitas. Cosas similares ocurren con el aceite.
¿Cuál
es la “acción” que podemos sugerir para que la producción de soja
enriquezca al país y no pase como una tormenta veraniega, desertifique y se
retire generando algunos beneficiados y muchos desplazados?
Indudablemente
son imprescindibles políticas de Estado.
Su presencia es una misión indelegable. Para eso pagamos impuestos y
votamos. Las consecuencias de su
deserción son evidentes en grandes aspectos de la vida económica nacional. Y en
el campo, gravísimas por su proyección hacia el futuro.
Las
políticas de planificación del uso y la tenencia de la tierra agrícola son
imprescindibles. Se aplican en los EE.UU., la Unión Europea, está en la agenda
de la FAO, pero aquí hay quienes dicen que son ideas retrógradas. ¿Tan
avanzados somos los argentinos que ya superamos eso?.
El
agregado de valor debe pasar de la etapa retórica al proceso activo. Para ello
deben revisarse las transferencias de ingresos fiscales, hay décadas de
experiencia que nos enseñan que estuvimos equivocados, pero nunca es tarde para
cambiar.
Las
asimetrías del IVA, fundamentalmente en lo que a semillas y fertilizantes se
refiere, hacen torcer la decisión productiva para un solo lado, es sencilla la
solución, y sin costos para Hacienda.
Estas
son apenas algunas referencias, la esencial es conciliar con todos los actores
de la actividad primaria y conexos, una nueva política agropecuaria pensada en función
demográfica, social, cultural y económica sustentables. Las consecuencias de la
anomia están muy claras y alarmantes, como queda indicado.
Y
no hacen falta grandes recursos para que el Estado asuma el rol que le compete.
Sólo decisión política.
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